El uso médico del cannabis es un derecho en la Constitución de la Ciudad de México
PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
POR:ALBERTO ANGLES
El día de ayer, 17 de septiembre de 2018, la Ciudad de México estrenó Constitución Política, a la par de una nueva legislatura cuya obligación es hacerla valer.
Esta Constitución incluyó nuevos derechos, entre ellos derechos a la comunidad LGBTQ, derecho al agua, derecho a la privacidad y, entre los que interesan a la comunidad psicoactiva, derecho a la autodeterminación personal y al uso médico de la marihuana -Artículo 9 (Ciudad Solidaria), Punto D (Derecho a la salud), numeral 7-:
«A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.»
Y, aunque en su momento, la Procuraduría General de la República (PGR), demandó a la asamblea constituyente de la ciudad por excederse en sus atribuciones al legislar sobre mariguana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó fallando a favor de mantener el uso médico de la cannabis como un derecho en la Constitución capitalina.
Ahora el reto será para las instituciones de salud locales que, a partir del 5 de diciembre cuando entra el nuevo Ejecutivo, deberán de cubrir este derecho a los miles de personas que buscan ser tratadas con cannabis; muchas de las cuales no han podido tener acceso por la falta de reglamentación, o porque sus trámites ante la Cofepris han sufrido las tácticas dilatarias ya denunciadas por México Unido contra la Delincuencia.
Así las cosas, el nuevo ejecutivo tendrá cuando menos dos retos para garantizar este derecho; aunque tiene hasta el 2024 para cumplirlo cabalmente.
El primer reto es económico, ya que se estima que son miles los capitalinos que podrían llegar a solicitar el cumplimiento de ese derecho, el cual puede costar unos 200 dólares mensuales bajo las condiciones regulatorias actuales, y esto implicaría un gasto de cientos de miles o millones de dólares mensuales. ¿De dónde sacaría recursos el gobierno local cuando el futuo ejecutivo federal ha señalado que el país está en «bancarrota»? No parece que la tenga fácil.
Hay un segundo reto, éste ideológico. Ya que el nuevo gobierno, que se jacta de nacionalista, se vería obligado a erogar miles o millones de dólares mensuales para cubrir este derecho, pero los cuales serían capitalizados en su totalidad por empresas farmacéuticas no nacionales; esto a menos que cambiase la ley en la materia -o que se publicase una normativa medianamente congruente-, lo cual es poco probable. Un reto ideológico importante para quienes defienden la cuarta transformación.
Ante estos retos, el nuevo gobierno capitalino tiene mejores opciones que constreñirse a la legislación propuesta por el ejecutivo federal saliente, una de ellas es regular el cultivo para consumo personal; pero esto implicaría exhortar al ejecutivo y al congreso federal a reglamentar o legislar en la materia. Otra opción es apoyar el desarrollo de laboratorios e industrias farmacéuticas locales que generen, además de empleos dignos, extracciones de calidad para uso médico.
¿Será esto posible? No lo sabemos aún, pero, sin duda, los retos a los que se enfrentará la nueva administración capitalina le obligarán a presionar a legisladores y ejecutivo federales a acelerar los cambios necesarios para facilitar -y abaratar- el acceso al cannabis y, con ello, poder cumplir con los derechos de los capitalinos y de todos los mexicanos.
MÁS INFORMACIÓN:Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México
